La neutralidad tecnológica y el software libre

Los desarrolladores de software privativo que se oponen a las leyes que promueven la migración al software libre a menudo sostienen que tal medida es contraria al principio de «neutralidad tecnológica». Esta conclusión es errónea, ¿pero dónde está el error?

El principio de la neutralidad tecnológica consiste en que el Estado no ha de imponer preferencias a favor o en contra de una determinada tecnología. Por ejemplo, no debe existir ninguna regla que especifique si los organismos estatales deberían utilizar memorias de estado sólido o discos magnéticos, o si tienen que usar GNU/Linux o BSD. Más bien, el Gobierno debe permitir que los licitadores propongan cualquier tipo de tecnología aceptable como parte de las soluciones que ofrecen, y optar por la oferta mejor o menos costosa según los procedimientos habituales.

El principio de la neutralidad tecnológica es válido, pero tiene sus límites. Algunas tecnologías son perjudiciales: pueden contaminar el aire o el agua, favorecer la resistencia a los antibióticos, causar daños a los usuarios o a los trabajadores que las fabrican, o provocar una situación de desempleo masivo. Tales tecnologías deberían estar sujetas a gravamen y regulación, y deberían ser desalentadas o incluso prohibidas.

El principio de la neutralidad tecnológica se aplica únicamente a las decisiones de orden técnico. No se trata de «neutralidad ética» o «neutralidad social». No se aplica a las decisiones sobre cuestiones éticas o sociales, como la opción entre software libre y software privativo.

Por ejemplo, cuando el Estado adopta una política de migración al software libre para restaurar la soberanía informática del país y promover la libertad y la cooperación entre los ciudadanos, no es una preferencia técnica. Se trata de una decisión de orden ético, social y político, no tecnológico. Se supone que el Estado no debe ser neutral a la hora de preservar las libertades individuales y promover la cooperación. Se supone que no ha de ser neutral con respecto a la preservación o restauración de su soberanía.

Es deber del Estado insistir en que el software utilizado por los organismos estatales respete la soberanía informática del país, y que el software que se enseña en las escuelas eduque a los alumnos para la libertad y la cooperación. El Estado debe insistir en el uso exclusivo de software libre en los organismos públicos y en la educación. Es responsabilidad del Estado mantener el control de sus actividades informáticas, por lo que no debe renunciar a este control delegándolo en el servicio sustitutivo del software (SaaSS). Además, el Estado no debe revelar a las empresas los datos personales de los ciudadanos.

Una decisión técnica compete al ámbito de la neutralidad tecnológica cuando no involucra aspectos éticos.